Fraude de Subvenciones: Caso de Nova Austral y Arturo Schofield
El escándalo de fraude por subvenciones estatales en Chile ha tomado un giro dramático con la condena del exgerente de producción de Pesca Nova Austral, Arturo Schofield Muga. El 7 de enero de 2025, el Juzgado de Garantía de Porvenir dictó sentencia contra Schofield, quien enfrentó cargos por fraude de subvenciones y contaminación de aguas, resultando en una condena a 300 días de presidio y multas que superan las 50 Unidades Tributarias Mensuales. Este caso, que ha sacudido la industria salmonera, se originó cuando se descubrió que la compañía había defraudado al fisco chileno por más de 50 mil millones de pesos a través de un esquema ilegal de bonificaciones desde 2017 hasta 2019.
La situación ha llevado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a tomar acciones legales decisivas. El 4 de septiembre, el CDE presentó una demanda de indemnización por los daños causados al erario nacional, haciendo responsable de la situación a Schofield y otros ejecutivos de Nova Austral. Según la demanda, los acusados buscaron engañar a las autoridades fiscalizadoras, presentando información falsa sobre su producción que les permitió obtener bonificaciones indebidas, violando así la normativa establecida para las subvenciones que favorecen a la industria pesquera en la región de Magallanes.
Las revelaciones sobre las operaciones fraudulentas de Nova Austral son alarmantes. Desde diciembre de 2016, Schofield y otros gerentes, incluyendo a Drago Covacich y Nicos Nicolaides, concertaron esfuerzos para falsificar datos relacionados con la siembra y cosecha de peces en el sector acuícola. Este revuelo se agrava aún más por la implementación de un sistema paralelo que alteraba la información antes de ser reportada a los organismos reguladores, sorprendiendo a las autoridades que confiaban en la veracidad de los datos proporcionados por la empresa.
El proceso judicial revela cómo la manipulación de datos llegó a ser un procedimiento normalizado dentro de la compañía. Los directivos de Nova Austral enviaban instrucciones específicas a los jefes de los centros de cultivo, indicando cómo implementar un programa que distorsionaba la realidad de sus operaciones acuícolas. Este tipo de fraude no solo mina la confianza en el sector, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales que dependen de esta industria.
Desde su fundación en 1999, Nova Austral ha sido un actor crucial en la economía chilena, especialmente en la explotación de recursos marinos en la región de Magallanes. Sin embargo, el uso indebido de la Ley Navarino, que debería fomentar prácticas responsables y sostenibles en la acuicultura, ha puesto a la compañía en el centro de un escándalo que podría redefinir la regulación de este sector. Con el tribunal manteniendo medidas cautelares contra los bienes de Schofield, el desarrollo del juicio se sigue de cerca por la opinión pública, que exige justicia y transparencia en la administración de recursos del Estado.