Expropiación San Antonio: Soluciones Habitacionales Urgentes
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, presentó este jueves una exposición detallada sobre las medidas que ha tomado el gobierno para abordar la problemática de la megatoma de San Antonio, ubicada en la región de Valparaíso. Esta semana, el gobierno anunció la expropiación de 100 hectáreas de terreno con el objetivo de iniciar un ambicioso proyecto habitacional. Montes subrayó la necesidad de que la política habitacional se adapte a las diversas realidades existentes en el país, destacando que las circunstancias actuales en San Antonio exigían un enfoque diferenciado para hacer frente a la complejidad del problema. El ministro también hizo hincapié en que “ninguno se salta la fila”, estableciendo la importancia de establecer diferentes categorías para abordar las necesidades de empleo y vivienda en diversas regiones y estratos sociales.
Durante su intervención, Montes reveló cifras alarmantes sobre la situación de vivienda en el país, mencionando la existencia de 1.432 campamentos donde residen más de 120 mil familias, de las cuales cerca del 30% corresponden a migrantes. Resaltó que, debido a la escala y los riesgos asociados a la megatoma de San Antonio, era imperativo abordar esta situación con criterios especiales. Insistió en que la expropiación de las tierras no conllevaría beneficios gratuitos ni privilegios para los ocupantes, explicando que los beneficiarios deberán pagar por el terreno a un valor determinado, asegurando así que todos participen equitativamente en el proceso de regularización y solución habitacional.
En una entrevista concedida a T13Radio, el ministro enfatizó que el acuerdo para la expropiación contempla la corresponsabilidad de las familias, las cuales tendrán que aportar recursos para acceder al nuevo proyecto. “Hemos implementado un sistema donde el 90% de las familias que se organizan en cooperativas tendrán que cumplir ciertos criterios de elegibilidad”, detalló Montes, añadiendo que no todas las familias podrán acceder al nuevo proyecto habitacional debido a las exigencias que se han establecido. Según el ministro, la responsabilidad del Estado no se traduce en regalar terrenos, sino en facilitar el acceso a una vivienda digna bajo condiciones claras.
Montes aclaró que todas las acciones del gobierno se han enmarcado dentro del ámbito legal y que el desalojo es una instrucción de la Corte. Sin embargo, subrayó la necesidad de buscar soluciones como el desarrollo de un proyecto habitacional que respete los derechos de los actuales ocupantes. De las 215 hectáreas propiedad de la Inmobiliaria San Antonio, el gobierno procederá con la expropiación de 100 hectáreas a un costo estimado de menos de $11.000 millones, una cifra que representa cerca de la mitad del presupuesto nacional destinado para 2026 al programa de asentamientos precarios.
La expropiación se llevará a cabo bajo condiciones específicas, siendo el último precio propuesto por la inmobiliaria de 0,40 UF por metro cuadrado en su oferta más reciente, mientras que posteriormente la cifra se elevó a 0,69 UF. Tras negociaciones, se establecerá un monto de indemnización de 0,25 UF por metro cuadrado por parte del gobierno. Esta medida, tal como lo afirmó Montes, es parte de un esfuerzo más amplio para enfrentar la crisis habitacional que vive el país y garantizar que las acciones tomadas sean justas y racionales, evitando que el proceso de regularización lleve a la creación de nuevas desigualdades.