Estafa en Venta de Loteos Brujos: Revelaciones Impactantes de Punta Arenas
Este viernes se formalizaron cuatro personas en el Centro de Justicia, acusadas de estafa en relación a un total de 12 hechos que involucran a diferentes víctimas en lo que se ha denominado la “venta de loteos brujos”. La Fiscalía agrupó varias querellas similares, y entre los imputados se encuentran Angel Millán Mancilla, Nélida Millán Mancilla, Roberto Carrillo Barría y el abogado Marcos Ibacache Cortés. Las autoridades han establecido un plazo de 120 días para cerrar esta investigación, durante el cual los imputados tendrán prohibido salir del país como medida cautelar.
Uno de los querellantes, el abogado Alejandro Hijerra, presentó una acción judicial en septiembre del año pasado al representar a una clienta que denunció haber sido víctima de una venta engañosa. Según Hijerra, su clienta se interesó por un terreno en el sector sur de Punta Arenas, contactando al abogado Marcos Ibacache, quien actuaba en representación de Angel Custodio Millán. Acordaron un contrato de promesa de compraventa por un terreno en Cerro Campana, donde la mujer pagó 8 millones de pesos por la supuesta propiedad.
Sin embargo, según manifestó Hijerra, Angel Millán no era el propietario completo del terreno en cuestión, sino que contaba con una mínima participación dentro de la Sociedad Arturo Millán y Compañía Limitada. Esto significa que la afirmación de Millán sobre ser el dueño del terreno era engañosa, lo cual es un aspecto clave en la acusación de estafa presentada por la defensa de la víctima. Adicionalmente, el terreno se clasifica como agrícola y está protegido por la Ley de Bosques, lo que evidencia que no podía ser subdividido ni loteado sin la debida autorización del Servicio Agrícola y Ganadero.
Hijerra también expuso que, a pesar de haber solicitado reiteradamente la devolución de los montos pagados, su cliente recibió solo 3 millones de pesos de vuelta, quedando un saldo pendiente de 5 millones. Esta situación subraya las dificultades que enfrentan las víctimas de estafas en el sector de bienes raíces, donde las promesas de inversión se presentan muchas veces sin respaldo legal. La fiscal Rina Blanco ha señalado que se ha solicitado una audiencia de formalización por múltiples delitos, incluyendo estafas y defraudaciones contra particulares, lo que refleja la gravedad del caso.
Los delitos imputados no solo involucran a los acusados por la estafa directa, sino que también incluyen violaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, así como a la Ley 20.283 relacionada con la recuperación del bosque nativo. Estos actos se han perpetrado en un contexto donde la protección ambiental y la legalidad en el desarrollo urbano son temas críticos. La resolución de este caso es esperada con atención, ya que podría sentar un precedente en la lucha contra este tipo de fraudes en el país.