Denuncia contra el Gobernador Regional por irregularidades
Una formal denuncia ha sido presentada ante la Contraloría por seis consejeros regionales y dos parlamentarios de derecha, en contra del Gobernador Regional, Jorge Flies, por lo que consideran graves irregularidades administrativas en el proceso de compra de un inmueble destinado a una casa de acogida. La denuncia sostiene que Flies aprobó la adquisición de una propiedad ubicada en Avenida Alessandri, por un monto de $797 millones, sin haberse inhabilitado ni haber convocado a una licitación pública, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de la operación.
El inmueble fue adquirido al juez tributario y aduanero, Sergio Vera Aparicio, y la denuncia sugiere que esta transacción podría estar envuelta en irregularidades que van más allá de simplemente un procedimiento administrativo deficiente. Los denunciantes argumentan que la compra, que sería entregada en comodato para acoger adolescentes, fue acompañada de un costoso proceso de remodelación que sumó $432 millones, llevando la inversión total a $1.229 millones provenientes de fondos públicos.
Sin embargo, lo que ha causado mayor alarma son las conexiones entre la transacción y la situación personal del gobernador. Apenas tres semanas después de la compra del inmueble, el juez Vera adquirió una consulta médica valorizada en $400 millones a una sociedad en la que la esposa de Flies tiene una participación del 33%. Este hecho ha sido interpretado por los denunciantes como potencialmente constitutivo de un conflicto de interés, sugiriendo que podría haber existido cohecho, tráfico de influencias o incluso fraude al fisco.
Además, la denuncia pone de relieve vínculos personales sospechosos entre funcionarias del Servicio Mejor Niñez y las arquitectas que fueron contratadas para la tasación del inmueble. Este hecho añade una capa más de complicaciones a la situación, sugiriendo posibles irregularidades en la selección de profesionales que llevaron a cabo los estudios técnicos necesarios para la operación. Según los denunciantes, los informes técnicos presentados son contradictorios y carecen de una fundamentación suficiente que justifique la urgencia y necesidad de una compra directa.
La denuncia, que ha generado un amplio debate en la región, plantea interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos y la ética en las decisiones administrativas por parte del gobierno regional. La Contraloría deberá investigar a fondo estas acusaciones para determinar si se han cometido delitos y si se deben tomar acciones legales en contra de las personas involucradas. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca, la comunidad espera respuestas que aclaren esta seria situación.