Colusión Centolla: ¿Por Qué El TDLC Rechazó a Los Pescadores Artesanales?
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ha rechazado la solicitud presentada por un grupo de pescadores artesanales de Magallanes, quienes buscaban hacerse parte, como terceros coadyuvantes, en la causa que investiga la presunta colusión en la compra de centolla. Esta decisión, emitida el pasado 29 de julio, representa un duro golpe para el sector pesquero artesanal de la zona, que se identificó como principal afectado por la colusión denunciada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Los pescadores, originarios principalmente de Porvenir y sus alrededores, argumentaron que habían sido engañados por las empresas implicadas en la manipulación de precios durante años, lo que no solo habría tenido un impacto económico, sino también en su calidad de vida.
En su presentación, los pescadores afirmaron que la colusión, que supuestamente consistía en un acuerdo para fijar los precios de compra de la centolla, les había causados pérdidas significativas. Sin embargo, el Tribunal consideró que sus argumentos no eran suficientes para demostrar un interés actual y concreto en relación con la libre competencia, requisito esencial para su participación en el juicio. En su fallo, el TDLC subrayó que los solicitantes no lograron acreditar su calidad de proveedores, lo que les privó de la posibilidad de involucrarse formalmente en el proceso judicial.
La resolución del TDLC fue adoptada unánimemente por los cinco ministros que componen el tribunal, quienes respaldaron la oposición presentada por las empresas requeridas. Este grupo incluye a Productos Marinos Puerto Williams (PMPW), la Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Proyecta Corp S.A., que argumentaron que los pescadores son simplemente trabajadores dependientes de armadores y no partes activas en el mercado relevante. Además, sostuvieron que el papel de representación del interés general en el orden económico corresponde exclusivamente a la FNE y no a grupos de particulares.
A pesar del revés judicial, el rechazo no cambia el curso del juicio principal, en el cual la FNE investiga a siete empresas que podrían haber concentrado entre el 81% y el 88% de las compras de centolla magallánica entre 2017 y 2021. La FNE estima que alrededor de 2.000 familias han estado afectadas cada año por las prácticas colusorias y ha solicitado multas que superarían las 62.000 UTA, equivalentes a unos 53 mil millones de pesos. La investigación sigue su curso, pero el fallo del TDLC deja a los pescadores fuera de la posibilidad de intervenir en el expediente.
Después de meses de organización, los pescadores artesanales se ven ahora en una situación difícil, sin la calidad procesal que buscaban. Aunque la resolución del tribunal les impide participar directamente en el proceso judicial, aún tienen otras vías legales para buscar reparación si la colusión es sancionada. Sin embargo, algunos dirigentes han expresado el temor a represalias comerciales, lo que complica aún más su situación en un sector donde la presión económica y la incertidumbre son constantes.