Apagón masivo en Chile: Cargos de la SEC a empresas eléctricas

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha formulado cargos al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y a ocho empresas eléctricas en relación al mega apagón ocurrido en febrero, que afectó a un 98,5% de la población chilena, abarcando desde la región de Arica hasta Los Lagos. Este apagón, que se ha catalogado como uno de los más significativos en la historia del país, dejó a millones de ciudadanos sin electricidad y planteó serias preguntas sobre la operatividad y la seguridad del sistema eléctrico nacional. Las autoridades buscarán esclarecer no solo las causas del evento, sino también la responsabilidad de las entidades implicadas en la gestión y supervisión del sistema eléctrico.

La investigación llevada a cabo por la SEC ha identificado múltiples focos de análisis. Entre estos, se halló que el Coordinador Eléctrico Nacional operaba el sistema bajo condiciones que podrían considerarse inseguras. En particular, se descubrió que mantenía el corredor Nueva Maitencillo–Polpaico en funcionamiento, transmitiendo 1.800 MW, un nivel que excede el límite de seguridad de 1.600 MW definido en sus propios estudios. Esta operación imprudente expuso al sistema a un riesgo elevado de inestabilidad ante eventualidades, como la que finalmente desencadenó el apagón masivo.

Dada esta situación, la SEC ha formalizado cargos contra el Consejo Directivo del Coordinador por infringir su deber de vigilancia sobre la operación del sistema eléctrico. Además, se han presentado dos cargos a la empresa INTERCHILE. El primero es por no mantener sus instalaciones en condiciones adecuadas de seguridad, mientras que el segundo se relaciona con la reactivación remota de un equipo de comunicaciones, parte del esquema de protecciones de la línea 2×500 kV Nueva Maitencillo–Nueva Pan de Azúcar, hecho sin la debida autorización del Coordinador Eléctrico Nacional.

El segundo enfoque de la investigación se ha centrado en la propagación de la falla, analizando cómo se extendió hasta provocar el corte masivo de energía. En este contexto, se han presentado cargos a varias empresas de transmisión y generación eléctrica. Por ejemplo, Transelec enfrenta un cargo por no contar con el Centro de Control Principal ni con un Centro de Control de Respaldo del sistema SCADA, lo que habría limitado su capacidad de supervisión y respuesta ante la emergencia. A su vez, ENGIE Energía enfrenta dos cargos por similar falta de sistemas de supervisión.

La superintendenta Marta Cabeza ha señalado que la investigación avanza y que se ha llegado a un convencimiento técnico y jurídico sobre las responsabilidades del Coordinador Eléctrico Nacional y las ocho empresas involucradas. Las autoridades han advertido que estas empresas podrían afrontar multas que podrían alcanzar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA). En el caso del Consejo Directivo del Coordinador, cada consejero podría enfrentar una multa de 30 UTA, que deberá ser pagada desde su patrimonio personal, lo que subraya la gravedad de la situación y la búsqueda de responsabilidades en este caso de impacto nacional.

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